Imaginemos rentar un local para poner un restaurante, llegando a un fabuloso y gran acuerdo con el propietario donde sea él, quien tenga que pagar las perdidas en caso de no tener clientes. Un negocio redondo con el dinero de todos los peruanos es lo que se realizó con el Gasoducto del Sur.

En junio del 2014, el gobierno de Ollanta Humala otorgó la concesión para la construcción del Gasoducto. ¡Oh!,  casualidad, resultó ganador un consorcio donde también Odebrecht es accionista mayoritario. ¿Por qué este proyecto privado llegó a costar $ 7, 500 millones? Si en el 2011 y en otras condiciones de contrato su precio era de $1, 300 millones.

¡Y lo que es peor! Para cubrir el riesgo de inversión, sencillamente se trasladó la deuda al bolsillo de todos los peruanos aquello que el inversionista privado tenía que poner. ¿Cómo realizar el cobro? Se estableció para ello un impuesto que va grabado en nuestros recibos de luz mediante el Decreto Supremo Nº 005-2014-EM por el cual se crea el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE). En suma, es una obra sin suficiente gas para explotar y sin demanda de consumo.

Si las leyes en lugar de ser respetables dejan de serlo para entrar en contradicción con la moral. ¡Ahí estamos en problemas!
No pretendemos ser incendiarios, pero si no se corrige este descomunal asalto forzado a legalidad, sin lugar a dudas, propiciaremos un contexto para un terreno caliente, en donde cualquier motivo (político, social o económico) puede resultar en un cerillo para generar una explosión social.

Domingo, 15 de enero de 2017