Imagínese por un momento que un paciente exija al médico el tipo de anestesia o marca de bisturí a utilizar, o quizás aún, quiera exigir el lugar, hora e incluso el personal médico que debería asistir al momento de su operación. En la práctica médica ello no sería posible,  pues estaría en peligro su propia vida, existe un protocolo de trabajo que su incumplimiento es delito.

Lo que puede ser un caso aislado en una práctica médica, esto sucede en algunas instituciones públicas, pues algunos funcionarios aceptan “sin dudas ni murmuraciones” lo que algún impaciente alcalde o presidente regional ordena, claro está, sin medir ninguna consecuencia económica, política, cultural o social, recordemos conflictos sociales como el del aeropuerto de Jauja.

Como podríamos catalogar la decisión del alcalde de Huancayo que redujo el costo por tarjeta de circulación vial a S/ 27.00 en plena campaña electoral, y que luego, dos meses después se restituya el monto a S/. 137.00, motivando paralización de cientos de transportistas como medida de protesta, siendo los más perjudicados estudiantes, docentes, comerciantes y trabajadores.

En enero del 2015 tendremos nuevas autoridades locales, y seguramente habrá favores políticos que cumplir. ¿Cuántos flamantes funcionarios se atreverán a decir No? frente a un capricho o promesa electoral de alcaldes como la eliminación de impuestos a transportistas, licencias de funcionamiento a giros especiales, construcción de parques de cemento en alusión a cualquier tema, proyectos que podrían ser inviables, pero vemos que todo sea por el populismo.

Diario Correo
Sábado, 22 de noviembre de 2014