En 1867, el gobierno del Perú firmó un contrato con la empresa, Alexander Swit & Cia para la compra de dos monitores; Manco Cápac y Atahualpa que pertenecían al gobierno de estados Unidos. Todo parecía estar en conformidad, salvo por un detalle. El parlamento de los norteamericanos recién decidió firmar la venda de las embarcaciones recién en febrero de 1868. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el gobierno de Manuel Ignacio Prado firmó un contrato si todavía no se
fijaba el precio y la forma de venta desde EE.UU.?

Lo que aparentemente sucedió, tal como se describe en el libro, “El expediente Prado” de Víctor Andrés García Belaunde, es que se sobrevaluó el costo de la compra, porque el gobierno norteamericano había dispuesto el precio de venta por 755 mil pesos, pero el contrato se suscribió cinco meses antes con el gobierno del Perú por dos millones de pesos. Lo peor, fue que fueron naves construías especialmente para navegar en ríos en clara desventaja con la flota Chilena.

¿A qué viene todo este relato? Es que nos permite conocer desde las mismas entrañas de nuestra historia, las estructuras sociales de corrupción que desde la política heredamos los peruanos. Y quizás por ese sistema social de corrupción es que los políticos se atreven a corromperse en plena crisis sanitaria como lo que podría suceder en el Perú.

Y tal como lo que aparentemente estaba por suceder con la compra de alimentos en el caso del distrito de Chilca y la provincia de Huancayo. Afortunadamente, en democracia y con una prensa libre se puede desenmascarar a tiempo este tipo de felonías que deberían ser considerados como traición a la patria.

Domingo, 05 de abril de 2020