En el Perú de hoy, la inseguridad ha dejado de ser una preocupación para convertirse en una condena cotidiana. Mientras las audiencias televisivas migran al streaming, las pantallas de señal abierta insisten en retratar un país sumido en la violencia, donde la extorsión y el sicariato se vuelve cotidiano. ¡Violencia e indiferencia política!
No es una exageración: cada amanecer llega acompañado de una nueva tragedia, de un nuevo crimen impune que nos recuerda que las calles ya no pertenecen a los ciudadanos, sino a la delincuencia organizada. Solamente en enero, el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) reportó una cifra récord de 234 muertes por homicidio.
El terror ya no viene de la mano de grupos ideológicos como Sendero Luminoso, sino de bandas que han encontrado en la extorsión su mejor negocio. Pequeños y medianos empresarios, comerciantes de mercados y emprendedores de barrios populares como Huaycán en Lima, viven con el miedo de ser la próxima víctima. El Estado de Emergencia, decretado con bombos y platillos, se ha convertido en un adorno burocrático que no ha conseguido frenar la ola de criminalidad que devora al país.
Perú es un país que presume de estabilidad económica y de un modelo de libre mercado que fomenta el emprendimiento. Sin embargo, esa libertad económica choca de frente con la realidad: los peruanos se arriesgan a levantar negocios solo para ser perseguidos por el hampa, mientras el gobierno de Dina Boluarte observa con pasividad. La incertidumbre no solo es económica, sino también social. ¿De qué sirve tener oportunidades de progreso si el precio a pagar es la vida?
La clase política parece no entender la magnitud del problema. Desde el Ejecutivo hasta el Congreso, las respuestas son lentas, insuficientes o simplemente inexistentes. Esta indiferencia tendrá un costo en las urnas. Así como en 2021 la población votó más por rechazo que por convicción, en la próxima elección el desencanto podría inclinar la balanza hacia opciones más radicales. El hartazgo es el mejor combustible para discursos autoritarios y soluciones populistas que, aunque peligrosas, se presentarán como la única alternativa ante un Estado que ha renunciado a su deber de proteger.
El Perú que deja Dina Boluarte no es solo un país golpeado por la crisis política y la corrupción. Es un país donde la violencia ya no es noticia, sino rutina; donde el miedo ha sustituido a la esperanza y donde el próximo líder podría no llegar por sus méritos, sino por el fracaso de quienes hoy gobiernan. La indiferencia tiene consecuencias, y la factura política está por llegar con aroma populista. ¡Violencia e indiferencia política!
Domingo, 9 de febrero del 2025
